El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, informó que el caso relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se encuentra en la fase final de su primera etapa investigativa, la cual dará paso a la judicialización del expediente.
Camacho explicó que, tras concluir esta etapa, se abrirá una segunda fase que incluirá nuevos interrogatorios y profundización de hallazgos. Detalló que las indagatorias comenzaron en junio de este año y que hasta la fecha han sido entrevistadas más de 30 personas vinculadas directamente al caso.
El procurador señaló que el proceso podría dividirse en varias etapas, como ocurre en investigaciones de gran complejidad, y adelantó que, una vez cerrada la primera fase, se solicitarán medidas judiciales contra los implicados. Sin embargo, evitó ofrecer nombres o detalles específicos, argumentando que el objetivo es garantizar el éxito de la investigación.
Camacho reiteró que el Ministerio Público trabaja con responsabilidad para blindar el expediente con pruebas sólidas y recordó que, por la magnitud del caso, cada paso debe ser dado con rigor técnico y legal.
El jefe de la PEPCA subrayó que la ciudadanía puede estar segura de que el Ministerio Público no dejará cabos sueltos y que cada persona vinculada al expediente tendrá la oportunidad de responder por las evidencias en su contra. “No se trata de rumores ni de especulaciones, sino de pruebas que estamos organizando de manera meticulosa”, puntualizó.
De igual forma, Camacho pidió paciencia a la población y a la opinión pública, recordando que este tipo de procesos requieren tiempo. “Las investigaciones de corrupción no son de velocidad, sino de profundidad. Nuestro compromiso es que los tribunales reciban un expediente sólido, capaz de resistir cualquier intento de impunidad”, concluyó.
En ese sentido, insistió en que el caso SeNaSa marcará un precedente en la lucha contra la corrupción administrativa, ya que según aseguró se trata de una investigación que involucra recursos públicos destinados a la salud de los dominicanos, un sector que calificó de “sagrado” y que merece total transparencia.
