El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) desestimó todas las advertencias de los organismos reguladores que podrían haber evitado el déficit y el escándalo de corrupción que actualmente enfrenta. Así lo revela una investigación del programa Reporte Especial con Yulisa Céspedes, que detalla cómo el esquema de irregularidades internas logró esquivar las alarmas de supervisión.
Entre las alertas ignoradas se incluyen oficios enviados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) desde junio de 2023, señalando observaciones a los estados financieros auditados correspondientes a 2022 y al primer trimestre de 2023. Además, SeNaSa habría desechado la inversión de más de 1 millón de dólares destinada a implementar un sistema de control en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), iniciado en 2016, diseñado para garantizar transparencia y eficiencia en la gestión de la institución.
La investigación periodística detalla que, sumado a la falta de controles, se presentaron denuncias de sobornos para otorgar códigos a proveedores de servicios, contratos irregulares con redes privadas de atención primaria y un call center paralelo que autorizaba y cobraba procedimientos ficticios. La magnitud del escándalo motivó al Ejecutivo a ordenar una investigación formal, que ahora continúa bajo supervisión del Ministerio Público.
El reporte también revela que la omisión de SeNaSa frente a las recomendaciones de Sisalril permitió que se consolidara un entramado de corrupción difícil de detectar, afectando directamente a los pacientes y proveedores de servicios de salud. Expertos en regulación sanitaria aseguran que la falta de un sistema de control robusto genera riesgos significativos para la sostenibilidad financiera del seguro y compromete la calidad de los servicios ofrecidos a la población.
Además, la decisión de ignorar el sistema de control del PNUD evidencia un desinterés por adoptar estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que esta medida podría haber prevenido irregularidades como la duplicación de pagos, la asignación indebida de códigos y la manipulación de contratos con fines de lucro personal.
El caso ha generado críticas de la sociedad civil y de organizaciones internacionales, que demandan medidas urgentes para garantizar la integridad de SeNaSa. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa recopilando evidencias y testimonios para determinar responsabilidades, mientras se evalúa la implementación de nuevas políticas de control interno que aseguren que este tipo de irregularidades no se repitan en el futuro.
