Santo Domingo. – La reciente autorización para que el ex embajador Donni Santana, condenado a 20 años por violación, salga de prisión bajo un permiso de trabajo ha generado indignación y cuestionamientos sobre la actuación del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD). Santana, quien cumplía apenas seis años de su condena, fue contratado para impartir docencia en la Escuela Nacional del gremio, con el respaldo como garante del vicepresidente del CARD, Juan Pérez Roa.
El jurista Cándido Simón solicitó al presidente del CARD, Trajano Vidal Potentini, que aclare la situación, señalando que un vicepresidente no tiene facultades para otorgar este tipo de permisos a menos que actúe por delegación del presidente o en funciones de este. Simón pidió además investigar si la firma del presidente estuvo de acuerdo con la medida y cómo es posible que aparezca conjuntamente con el vicepresidente en la autorización.
La medida ha generado preocupación entre abogados y ciudadanos, quienes consideran que se pone en riesgo la credibilidad del CARD y se cuestiona la justicia de permitir que un condenado por delitos sexuales imparta formación a internos del país. Santana fue sentenciado en noviembre de 2019, y su condena fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia.
Además de la controversia sobre la autorización, el caso ha reabierto el debate sobre los permisos de trabajo a internos con condenas graves en el país. Organizaciones de derechos humanos han señalado que este tipo de decisiones deben ser transparentes y cumplir con estrictos protocolos que garanticen la seguridad de la sociedad y la integridad de los programas de reinserción.
Diversos sectores legales han manifestado su preocupación de que la acción del CARD pueda sentar un precedente peligroso, en el que se privilegie la gestión interna de un gremio sobre las disposiciones judiciales y los derechos de las víctimas. “No podemos permitir que decisiones internas desconectadas de la justicia afecten la confianza pública en las instituciones”, señaló un abogado consultado sobre el tema.
Mientras tanto, la ciudadanía espera una respuesta clara y contundente del presidente del CARD sobre los criterios utilizados para otorgar el permiso a Santana. La presión pública y mediática se mantiene, con la exigencia de que se explique cómo y por qué se permitió que un condenado por un delito sexual imparta formación en un centro del gremio de abogados.
