Washington, D.C.– La administración Trump solicitó este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise nuevamente la constitucionalidad de su orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por nacimiento. El Departamento de Justicia busca que los jueces emitan una decisión final sobre si la polémica medida, que busca reinterpretar la Enmienda 14 de la Constitución, es legal.
Esta es la segunda vez que el gobierno lleva el tema al máximo tribunal, luego de que en junio la Corte limitara el alcance de los fallos de cortes inferiores que habían bloqueado temporalmente el decreto. Actualmente, hay dos demandas activas contra la orden ejecutiva que fueron apeladas, y se espera que la resolución definitiva podría tardar varios meses.
En un tema paralelo, la Corte Suprema, en una votación dividida, autorizó al gobierno a retener 4,000 millones de dólares en ayuda exterior previamente aprobados por el Congreso. Parte de esos fondos estaban destinados a organizaciones de salud sin fines de lucro, aunque la decisión aún no es definitiva y podría ser revisada posteriormente.
Expertos legales advierten que la revisión del caso podría tener implicaciones profundas sobre la interpretación de la ciudadanía en Estados Unidos, afectando a hijos de inmigrantes nacidos en el país y generando un debate político y social de gran alcance.
Grupos de derechos civiles han expresado su preocupación por la posibilidad de que la Corte Suprema avale la medida, argumentando que podría dejar a miles de niños en una situación jurídica incierta y socavar derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Mientras tanto, legisladores demócratas y organizaciones comunitarias han hecho llamados para proteger la ciudadanía por nacimiento, insistiendo en que cualquier cambio debe pasar por el Congreso y no mediante una orden ejecutiva, resaltando la importancia de mantener la estabilidad jurídica y social del país.
La decisión final de la Corte Suprema podría sentar un precedente histórico, redefiniendo el alcance de la Enmienda 14 y generando repercusiones legales y políticas que afectarían no solo a Estados Unidos, sino también la percepción internacional sobre los derechos civiles en el país.
