SANTO DOMINGO. – Pedro Jiménez denunció este miércoles que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) mantiene retenidas de manera injustificada las prestaciones laborales de empleados desvinculados, calificando a la institución como “abusadora y explotadora”.
Jiménez se refirió al caso de Manuel Medina Sena, un técnico del INDRHI en Barahona, quien tras ser desvinculado en 2022 tenía derecho al pago de 175,000 pesos correspondientes a prestaciones laborales. Según explicó Jiménez, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ratificó en 2023 que la entidad debía pagar la suma, el INDRHI aún se niega a hacerlo, acumulando intereses y elevando la deuda a más de 330,000 pesos.
El dirigente reclamó que la dirección del INDRHI está actuando con indolencia y desdén hacia los derechos de sus exempleados, mientras que funcionarios como Olmedo Caba, director del organismo, no han dado respuesta efectiva a la situación. “No maltraten a la gente así. Ese infeliz no te hizo nada. Desvinculaste, ese es tu derecho, pero págale sus prestaciones laborales”, enfatizó Jiménez.
El caso ha generado preocupación entre empleados y exfuncionarios, quienes consideran que la negativa del INDRHI a cumplir con la sentencia judicial afecta la confianza en las instituciones públicas y refleja un patrón de abuso hacia los trabajadores. Jiménez hizo un llamado a que se respeten los derechos laborales y se garantice el cumplimiento de la ley.
Jiménez aseguró que este tipo de situaciones no solo afecta a Medina Sena, sino que también refleja una práctica recurrente dentro del INDRHI, donde empleados y exempleados deben recurrir a tribunales para reclamar lo que por ley les corresponde. Reiteró que la institución debe actuar con transparencia y cumplir con sus obligaciones laborales para no generar conflictos innecesarios ni dañar la reputación del organismo.
Asimismo, el dirigente político instó a los demás funcionarios del INDRHI a tomar conciencia sobre la importancia de respetar los derechos de los trabajadores y evitar prácticas que calificó como “abusivas y explotadoras”, advirtiendo que la impunidad en estos casos puede tener consecuencias legales y sociales para quienes mantienen esta postura.
