Óscar Medina destacó las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Magín Díaz, sobre la necesidad de una reforma fiscal en la República Dominicana. Según Díaz, aunque el país enfrenta un déficit fiscal creciente y la deuda pública se mantiene elevada, la prioridad del gobierno sigue siendo preservar la estabilidad social. El ministro recordó experiencias de otros países de la región, como Chile y Colombia, donde intentos apresurados de reformas fiscales provocaron conflictos sociales, y señaló que cualquier ajuste debe buscar consenso mínimo y sostenibilidad política y económica.

Díaz explicó que una posible reforma fiscal debería ser progresiva, con quienes más tengan pagando más, pero acompañada de un enfoque profesional y serio en la lucha contra la evasión fiscal. Medina resaltó que, además de las condiciones internas favorables, una probable reducción de las tasas de interés en Estados Unidos en la próxima reunión de la Fed podría permitir al Banco Central dominicano ajustar la política monetaria, lo que favorecería la estabilidad económica del país.

El análisis de Medina subraya que la combinación de estabilidad política, económica y social crea un escenario propicio para que el gobierno avance con las reformas necesarias sin comprometer la gobernabilidad, y que cualquier medida deberá ser acompañada de comunicación transparente y profesionalismo en la administración tributaria.

Medina enfatizó que los esfuerzos del gobierno no solo se centran en la reforma fiscal, sino también en garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente. Destacó que el Estado ha venido implementando medidas para fortalecer la recaudación y eliminar privilegios fiscales, pero que la estabilidad social sigue siendo el eje principal antes de avanzar con cambios significativos.

Asimismo, señaló que los economistas y expertos han trabajado en socializar el tema entre la población y los distintos sectores, preparando el terreno para que, llegado el momento, la reforma pueda ser aceptada con un consenso mínimo, asegurando que cualquier ajuste fiscal se realice de manera ordenada y sostenible, sin generar conflictos sociales.