SANTO DOMINGO – El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ofreció este miércoles un informe detallado sobre las conclusiones del Consejo de Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, en el Palacio Nacional. Durante la reunión participaron ministros y directores generales, quienes conocieron las principales reformas legales vinculadas al nuevo Código Penal y a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
Paliza explicó que la procuradora general, Jenny Berenice Reynoso, presentó los nuevos tipos penales que introduce el Código Penal relacionados con delitos en la administración pública, entre ellos enriquecimiento ilícito, soborno, peculado, lavado de activos y corrupción administrativa. La pieza establece sanciones más severas, mayor responsabilidad penal para los funcionarios y crea mecanismos para procesos judiciales más efectivos, alineados a los estándares internacionales.
En cuanto a la Ley 4725 de Compras y Contrataciones Públicas, promulgada en junio de este año, el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, expuso que la normativa garantiza la trazabilidad digital de todos los procesos mediante la plataforma PLICOP y sanciona penalmente la corrupción en adquisiciones estatales. Además, la ley incluye una cuota social que reserva el 30 % de las compras para mipymes y empresas lideradas por mujeres.
Otro de los puntos tratados fue la estrategia de uso de inteligencia de datos y gestión de riesgos para optimizar la inversión pública, presentada por la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch. Paliza aseguró que estas iniciativas refuerzan el compromiso del gobierno con la transparencia, la eficiencia y la integración de República Dominicana en los estándares internacionales de la OCDE.
“El propósito central de estas reformas es garantizar un Estado más justo, moderno y transparente, donde los recursos públicos estén al servicio de la gente”, destacó el ministro al concluir el Consejo de Gobierno.
Paliza concluyó señalando que tanto el nuevo Código Penal como la Ley de Compras y Contrataciones contarán con un período de vacancia de un año, lo que permitirá realizar ajustes y capacitaciones necesarias antes de su plena aplicación, asegurando así una transición ordenada y efectiva en beneficio de la institucionalidad del país.
