Julio Martínez Pozo calificó como “bueno en propósito, pero malo en mensaje” el reciente Reglamento Cambiario emitido por el Banco Central de la República Dominicana. Según explicó, la medida busca controlar la compra de divisas superiores a $10,000, obligando a que sean reportadas y autorizadas por la institución, pero puede generar desconfianza entre inversionistas y ciudadanos.
Martínez Pozo comparó la disposición con medidas adoptadas en gobiernos anteriores, señalando que, aunque la intención de regular el flujo de divisas es válida, el efecto sobre la percepción del mercado podría frenar la inversión y afectar la economía. “Aquí hemos funcionado bien gracias a las políticas previas del Banco Central; no necesitábamos un mensaje que sugiera limitaciones o vigilancia excesiva”, advirtió.
También criticó el uso de excedentes de reservas técnicas del seguro de riesgos laborales para cubrir necesidades de SENASA, advirtiendo que estas decisiones podrían afectar la legalidad y transparencia del manejo de fondos destinados a los trabajadores. Martínez Pozo insistió en la importancia de mantener la confianza en la economía y evitar medidas que puedan interpretarse como control excesivo o intervención estatal desmedida.
Martínez Pozo enfatizó que la confianza es un elemento clave para el buen funcionamiento de la economía dominicana. A su juicio, cualquier señal de sobrecontrol o supervisión excesiva podría inhibir la actividad económica y generar incertidumbre en los agentes del mercado, afectando tanto a inversionistas como a ciudadanos que realizan transacciones en divisas.
Asimismo, señaló que la economía se mueve no solo por regulaciones, sino por la interacción del mercado y la percepción de justicia y equidad en los precios. Según explicó, imponer restricciones estrictas sin considerar la dinámica del mercado podría tener efectos contraproducentes, limitando la liquidez y ralentizando el crecimiento económico.
Finalmente, Martínez Pozo llamó a una revisión cuidadosa de la medida y a una comunicación clara de sus objetivos. Subrayó que, si bien el propósito del reglamento es correcto, el mensaje que transmite al público y al sector financiero podría interpretarse como una señal de desconfianza, lo que afectaría la estabilidad económica y el clima de inversión en el país.
