Santo Domingo – El abogado Manuel Sierra calificó como un atentado a la Constitución la solicitud del Ministerio Público a la periodista Nuria Piera para entregar material relacionado con sus programas. Sierra recordó que el artículo 49 de la Carta Magna protege el secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, limitando la facultad del MP a requerir información solo en casos de seguridad nacional, y no para investigaciones de corrupción u otros asuntos públicos.
Sierra advirtió que este tipo de requerimientos puede poner en riesgo la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, al exponer a los comunicadores a posibles presiones o manipulaciones de las autoridades. Señaló que los medios y los periodistas deben garantizar la veracidad y el origen de sus investigaciones, pero que la entrega directa de información al MP podría vulnerar derechos fundamentales y la ética profesional.
El abogado hizo un llamado al Colegio Dominicano de Periodistas para que intervenga en defensa de las garantías constitucionales de los comunicadores, señalando que la institución debería ejercer su rol de supervisión y protección del ejercicio periodístico, especialmente ante acciones que puedan afectar la independencia y la confidencialidad de las fuentes de información.
Sierra enfatizó que, si se normalizan estos requerimientos, los periodistas podrían convertirse en herramientas indirectas del Ministerio Público o de la Policía Nacional, lo que dañaría la credibilidad del periodismo y desincentivaría a las fuentes a brindar información por miedo a represalias. Subrayó que la prueba de un programa no reside en el video público, sino en la persona que lo produce, y que cualquier intento de manipulación tecnológica podría vulnerar derechos individuales y colectivos.
El abogado concluyó señalando que la acción del Ministerio Público, al exigir la entrega de los programas de Piera, constituye un precedente peligroso que podría debilitar la protección constitucional de los periodistas y afectar la transparencia en el ejercicio de la labor informativa, insistiendo en que solo la intervención judicial en casos excepcionales debería limitar el acceso a información periodística protegida.
