Baní, Peravia – La intervención de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el local Sinaloa Drink, que exhibía imágenes de reconocidos narcotraficantes como El Chapo Guzmán y Pablo Escobar, ha generado debate sobre los límites de la legalidad y la moralidad en el país. Juristas consultados coinciden en que, aunque la exhibición de estas figuras no constituye un delito penal, sí representa un acto inmoral que la sociedad debería rechazar.
El abogado David Brens explicó que la Ley 508 de Drogas y Sustancias Controladas protege a las autoridades que actúan contra la promoción de ilícitos, estableciendo penas de hasta 20 años de prisión dependiendo de la gravedad del caso. Según los expertos, esta normativa respalda medidas como el cierre del local, ya que enviar mensajes que glorifiquen el crimen organizado afecta negativamente a la sociedad.
A pesar de que los propietarios del establecimiento no enfrentan cargos penales por el momento, el desmantelamiento de Sinaloa Drink es visto como un mensaje claro de las autoridades sobre la intolerancia hacia negocios que fomenten la narcocultura. La DNCD destacó la importancia de prevenir que este tipo de iniciativas se conviertan en modelos a seguir para la juventud dominicana.
Los expertos legales destacan que, aunque la ley no penaliza directamente la exhibición de figuras del narcotráfico en negocios privados, sí deja un margen para intervenir cuando estas acciones promueven o incentivan conductas ilícitas. Esto refuerza la posición de las autoridades al cerrar locales que, bajo un enfoque moral y social, pueden influir negativamente en la población, especialmente en jóvenes y adolescentes.
Asimismo, especialistas señalan que el caso de Sinaloa Drink evidencia un vacío en la legislación dominicana sobre contenidos culturales y de entretenimiento que glorifiquen el crimen. Recomiendan que se refuercen las normativas y se implementen campañas educativas que desalienten la narcocultura, al tiempo que se proteja la libertad empresarial dentro de los límites legales.
Finalmente, los juristas felicitaron la actuación de la DNCD y del Ministerio Público, señalando que estas medidas no solo cumplen con la ley, sino que también envían un mensaje contundente a la sociedad: no se tolerará la promoción de actividades vinculadas al narcotráfico, ni en locales comerciales ni en espacios públicos, contribuyendo así a la construcción de una cultura de legalidad y responsabilidad social.
