El comunicador Juan Carlos Albelo ha alzado su voz para expresar su frustración con el Ministerio Público, a quienes acusa de depender de los periodistas para avanzar en sus investigaciones. En una reciente emisión en el  programa “Faia Radio”, Albelo cuestionó la forma en que la institución supuestamente solicita los expedientes de casos investigados por comunicadores como Nuria Piera y Alicia Ortega.

“El Ministerio Público es quien debe investigar”, afirmó Albelo, criticando que la institución no genere sus propias pruebas y se apoye en el trabajo de la prensa, lo que, en su opinión, debilita su credibilidad.

El comunicador también hizo un llamado directo a la procuradora adjunta, Yeni Berenice, a quien exhortó a “ponerse los pantalones” y a no permitir que el Ministerio Público siga siendo visto como una entidad que depende del periodismo de investigación para cumplir con su labor.

Albelo, quien manifestó que extraña la “energía” que Berenice mostraba en Santiago, le advirtió que esta situación la hace quedar mal a ella y a toda la institución. Su crítica subraya la tensión entre el trabajo de la prensa y las responsabilidades del sistema judicial, demandando una mayor proactividad y firmeza por parte de las autoridades para combatir la corrupción y la impunidad en el país.

Se recuerda que, la Procuraduría General de la República Dominicana es el órgano encargado de representar al Estado en materia judicial y de velar por el cumplimiento de la ley. Su función principal es ejercer la acción penal pública, lo que significa investigar y perseguir los delitos en nombre del Estado, asegurando que los responsables sean llevados ante la justicia.

Además, tiene la responsabilidad de supervisar y coordinar el trabajo de los fiscales en todo el país, garantizando que se respeten los derechos de los ciudadanos durante los procesos judiciales.

Asimismo, la Procuraduría General actúa como asesor jurídico del Estado en casos legales y administrativos, brindando orientación a las instituciones públicas sobre la correcta aplicación de las leyes. También tiene un rol preventivo y de protección social, participando en la defensa de los derechos fundamentales, la protección de menores, y la supervisión de instituciones como prisiones y centros de rehabilitación, con el objetivo de garantizar que la justicia se administre de manera eficiente, imparcial y conforme a la Constitución.