Washington D.C. — Investigadores federales confirmaron este miércoles que lograron rastrear los movimientos del sospechoso vinculado al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, desde las 11:52 de la mañana del día del ataque.
Las autoridades describieron al presunto tirador como una persona “en edad universitaria” y aseguraron que continúan desplegando recursos a nivel nacional para dar con su paradero. Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles sobre su identidad.
El FBI informó además que el arma utilizada en el crimen ya fue recuperada, lo que podría aportar pruebas clave para fortalecer la investigación y acelerar la captura del responsable. Las autoridades llaman a cualquier persona con información sobre el caso a comunicarse de inmediato con las fuerzas de seguridad.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que se está revisando evidencia de cámaras de seguridad, registros de comunicaciones y movimientos financieros del sospechoso para reconstruir los hechos que llevaron al asesinato de Kirk.
Mientras tanto, familiares y seguidores del activista han expresado su indignación y preocupación por la seguridad de otros líderes conservadores, pidiendo a las autoridades acelerar la detención del presunto atacante.
Expertos en seguridad advirtieron que la rapidez en la localización del sospechoso es clave para evitar posibles actos violentos adicionales y garantizar que el caso sirva como ejemplo de la efectividad de la colaboración entre agencias federales y locales.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reforzó los operativos en aeropuertos, estaciones de tren y autopistas, buscando impedir que el sospechoso salga del país o se oculte en zonas urbanas densamente pobladas.
Por su parte, legisladores y líderes políticos hicieron un llamado a mantener la calma y respetar los canales oficiales de información, para evitar rumores que puedan entorpecer la investigación en curso.
Analistas aseguran que el caso del asesinato de Charlie Kirk podría convertirse en un punto de inflexión en las políticas de seguridad y vigilancia de líderes públicos en Estados Unidos, marcando un precedente sobre la respuesta del Estado ante crímenes de alto perfil.
