Cotuí. – William José Rondón Serrano, alias “Cachanga”, se entregó de manera voluntaria a la Policía Nacional tras ser acusado de abusar sexualmente de Yocasta Almanzar, una mujer de 36 años con discapacidad motriz. El hecho se habría registrado en la localidad de La Cabirma, en esta ciudad.
Rondón llegó al destacamento acompañado por miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), donde negó los cargos. “Inocente, inocente. Que me maten si me quiere matar, pero yo soy inocente, yo no le he dicho nada a esa muchacha”, expresó al ser interrogado.
El proceso judicial comenzó cuando la familia de la víctima presentó la querella formal. La fiscalía emitió la orden de captura, y desde entonces las autoridades activaron la búsqueda del acusado, logrando su detención este jueves. En las próximas horas, Rondón será presentado ante la justicia mientras continúa la investigación de un caso que ha consternado a la población local debido a la vulnerabilidad de la víctima.
¿Penalidad por abuso sexual?
En la República Dominicana, el abuso sexual se considera un delito grave y está tipificado en el Código Penal, el cual contempla distintas penas según la gravedad del hecho y las circunstancias que rodean el caso. La ley establece que cualquier persona que cometa actos de carácter sexual sin el consentimiento de la víctima, especialmente cuando esta es menor de edad o padece algún tipo de discapacidad, puede enfrentar penas de prisión que van desde varios años hasta cadena perpetua, dependiendo de si el acto incluye violación, tentativa de violación o agravantes como violencia física o uso de armas.
Además de la sanción penal, el agresor puede estar sujeto a medidas complementarias, como prohibición de acercarse a la víctima, tratamiento psicológico obligatorio, multas económicas y registro en bases de datos de delincuentes sexuales. La legislación dominicana busca proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y garantizar que las víctimas reciban asistencia legal, médica y psicológica, promoviendo un proceso judicial que sancione adecuadamente a los responsables y prevenga la repetición de estos delitos.
