Santo Domingo, RD. — El aumento de casos de niños y niñas que sufren violencia dentro de sus hogares ha generado alarma entre padres, especialistas y ciudadanos en general. Según datos recientes, más del 63% de los menores entre 1 y 14 años en República Dominicana han sido víctimas de algún tipo de maltrato familiar, un problema que se transmite de generación en generación.
Ciudadanos consultados señalan que la violencia infantil nace principalmente en el hogar, donde los conflictos entre padres y tutores impactan directamente en la crianza y el desarrollo emocional de los menores. Especialistas destacan que los niños expuestos a situaciones de agresión familiar tienen más probabilidades de reproducir conductas violentas o de verse involucrados en conflictos con la ley en el futuro.
El décimo Censo Nacional de Población y Vivienda indica que los niños, niñas y adolescentes representan el 31.7% de la población dominicana, lo que subraya la importancia de garantizar su protección. Expertos coinciden en que romper este ciclo de violencia requiere un esfuerzo conjunto de la familia, la escuela y el Estado, fomentando entornos seguros y afectivos que favorezcan el desarrollo integral de los menores.
Especialistas en psicología infantil advierten que los efectos de la violencia doméstica no se limitan al ámbito físico, sino que también afectan la salud mental y emocional de los menores. Trastornos de ansiedad, depresión y dificultades en el aprendizaje son algunas de las consecuencias más comunes, lo que evidencia la urgencia de intervenir tempranamente.
Asimismo, educadores y trabajadores sociales enfatizan la necesidad de programas de prevención que incluyan orientación a padres y tutores sobre métodos de crianza positivos, así como campañas de sensibilización que promuevan la resolución pacífica de conflictos dentro del hogar. Según ellos, estos esfuerzos pueden reducir significativamente los riesgos de maltrato y contribuir a la formación de adultos más equilibrados.
El Estado, por su parte, enfrenta el reto de fortalecer las políticas públicas de protección infantil, asegurando que los sistemas de denuncia, seguimiento y asistencia estén accesibles para todas las familias. La colaboración entre instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y comunidades es clave para crear entornos seguros donde los niños puedan desarrollarse plenamente, libres de violencia y abandono.
