Abogados y activistas solicitaron este viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos detener la ejecución de David Joseph Pittman, un hombre con presunta discapacidad mental condenado por un triple homicidio, cuya ejecución está programada para el próximo miércoles en Florida. De concretarse, Pittman se convertiría en el duodécimo criminal ejecutado en el estado este año.
La defensa de Pittman argumenta que su ejecución violaría la Constitución de Estados Unidos, al señalar que se encuentra protegido por la Octava Enmienda, que prohíbe castigos crueles e inusuales. En su petición, los abogados explican que el estado de Florida ejecutaría a un acusado con discapacidad intelectual, a pesar de que la Corte Suprema ha establecido protecciones claras para estos casos.
El caso se remonta a mayo de 1990, cuando Pittman fue acusado de asesinar a los padres de su esposa, de quien se estaba divorciando, y a su hija de 21 años en Mulberry, una comunidad rural al este de Tampa. Según los documentos judiciales, Pittman apuñaló a Clarence y Barbara Knowles, cortó el cuello de su hija Bonnie e incendió la vivienda. Testimonios de familiares y psicólogos señalan que Pittman mostró signos de daño cerebral y retraso en el desarrollo desde su infancia.
Organizaciones civiles como Death Penalty Action y Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP) han pedido clemencia al gobernador Ron DeSantis, advirtiendo que Florida ya ha ejecutado a 11 personas en lo que va de 2025, superando el récord previo del estado. “Esta ejecución violaría la prohibición constitucional de ejecutar a personas con discapacidad intelectual y colocaría a Florida entre las pocas jurisdicciones dispuestas a ignorar las protecciones reconocidas por la Corte Suprema de EE.UU.”, indicaron los activistas en su petición.
