Félix Lajara alertó sobre el manejo de los préstamos tomados por el Gobierno para el sistema eléctrico, los cuales suman más de 65 mil millones de pesos en los últimos cinco años, sin que se evidencie una mejora significativa en la distribución y eficiencia del servicio. Lajara criticó el reciente decreto del presidente Luis Abinader que declara de emergencia el sector eléctrico, señalando que podría abrir la puerta al despilfarro y la corrupción al permitir compras sin regulación estricta.
Según Lajara, desde el año 2020 se han adquirido préstamos millonarios destinados a subestaciones, rehabilitación de redes, eficiencia energética y fortalecimiento del sistema eléctrico, pero la evidencia apunta a que los fondos no han generado los resultados prometidos. “No se trata de un problema financiero, sino de eficiencia y gerencia; los fondos están, pero la mejora en el servicio eléctrico no se refleja”, enfatizó.
Destacó que la falta de planificación y la lucha de intereses dentro del sector eléctrico ha perpetuado un ciclo de ineficiencia, en el que funcionarios y empresas vinculadas al sistema se benefician sin garantizar mejoras reales para los ciudadanos. Lajara advirtió que la continuidad de esta práctica podría agravar la crisis eléctrica y el malestar social, especialmente ante la creciente demanda y las altas temperaturas en el país.
Finalmente, Lajara instó a que los préstamos y recursos destinados al sistema eléctrico sean utilizados con transparencia y eficacia, y alertó que la apertura indiscriminada de compras bajo el decreto de emergencia podría convertirse en un incentivo para el mal manejo de los fondos públicos, replicando los errores de los últimos cinco años.
Lajara también señaló que la opacidad en el uso de estos préstamos ha generado desconfianza en la ciudadanía, que no percibe mejoras en el servicio eléctrico pese a la millonaria inversión. “La gente sigue enfrentando apagones y fallas constantes, mientras se destinan recursos enormes que no se traducen en eficiencia ni en confiabilidad del sistema”, precisó.
Además, el economista sugirió la necesidad de una auditoría independiente que verifique el destino de los fondos y evalúe la gestión de las empresas eléctricas, con el fin de garantizar que los recursos se usen de manera efectiva y se cumpla con los objetivos de modernización y reducción de pérdidas en el sistema. Señaló que sin estas medidas, los préstamos seguirán siendo un gasto improductivo que perjudica tanto al Estado como a los usuarios.
