Washington, D.C. — El Departamento de Justicia presentó una demanda contra el estado de Minnesota y varias de sus ciudades, incluyendo Minneapolis, St. Paul y el condado de Hennepin, alegando que sus políticas santuario impiden la cooperación con las autoridades de inmigración. Según el gobierno federal, estas jurisdicciones habrían permitido que “delincuentes peligrosos” eviten ser deportados.
La acción legal se enmarca dentro de una serie de demandas similares que el gobierno ha iniciado contra ciudades demócratas como Boston y Los Ángeles, acusándolas de proteger a inmigrantes indocumentados en violación de las leyes federales. El Departamento de Justicia sostiene que las políticas locales obstaculizan la aplicación de la ley y representan un riesgo para la seguridad pública.
Las autoridades de Minnesota y de las ciudades involucradas aún no han emitido una respuesta oficial, pero se espera que argumenten que sus políticas buscan proteger a comunidades vulnerables y fomentar la confianza entre inmigrantes y las fuerzas del orden. Este caso promete convertirse en un nuevo frente de disputa entre la administración federal y gobiernos locales sobre inmigración y seguridad.
Expertos legales señalan que el caso podría sentar un precedente importante sobre hasta qué punto los estados y ciudades pueden implementar políticas de “santuario” sin interferir con la autoridad federal en materia de inmigración. La disputa también refleja la creciente polarización política entre gobiernos estatales y locales controlados por demócratas y la administración federal.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación, advirtiendo que las demandas podrían desalentar a las comunidades indocumentadas de cooperar con la policía local por temor a la deportación, lo que afectaría la seguridad pública y la denuncia de crímenes.
Por su parte, legisladores republicanos han apoyado la acción del Departamento de Justicia, argumentando que las políticas santuario permiten que individuos con antecedentes criminales permanezcan en el país y representan un desafío directo a la autoridad federal. Se espera que el caso avance rápidamente en los tribunales, convirtiéndose en un foco de debate nacional sobre inmigración y seguridad.
