SANTO DOMINGO.- La diputada Dorina Yajaira Rodríguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sorprendió este martes con una polémica propuesta en el Congreso Nacional: aplicar la castración química e incluso la extirpación del órgano viril a los agresores sexuales. La legisladora argumentó que es necesaria una reforma constitucional que permita estas medidas como parte de la lucha contra los delitos sexuales en el país.
Rodríguez señaló que, además de sanciones severas, se debe cumplir el nuevo Código Penal y crear un registro de violadores para que la población pueda protegerse de estos criminales. “Hay que actuar con firmeza para proteger a nuestros niños y adolescentes y que los agresores paguen con todo el peso de la ley”, afirmó la legisladora.
La propuesta de Rodríguez coincide con recientes declaraciones de Servio Tulio, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, quien también ha defendido la castración química como medida contra los abusos sexuales. Tulio destacó que los casos de violación, sumados a la exposición morbosa de los mismos en redes sociales, obligan a la sociedad a replantearse cómo enfrentar esta grave problemática.
Rodríguez enfatizó que la sociedad exige acciones drásticas frente a los delitos sexuales y que la protección de las víctimas debe ser prioritaria, generando un debate intenso sobre los límites de las sanciones penales en República Dominicana.
La diputada agregó que la implementación de estas medidas debe ir acompañada de programas de rehabilitación y seguimiento para garantizar que los agresores no reincidan, aunque reconoció que la propuesta genera un debate ético y legal sobre los derechos humanos y la proporcionalidad de las penas. “No se trata de venganza, sino de prevenir futuros delitos y enviar un mensaje claro de cero tolerancia a los abusos sexuales”, sostuvo.
Expertos en derecho penal y organizaciones de derechos humanos han reaccionado con cautela ante la iniciativa, señalando que aunque la indignación social es comprensible, cualquier reforma debe respetar la Constitución y los tratados internacionales de los que República Dominicana es parte. El tema promete ser uno de los más polémicos en la agenda legislativa de los próximos meses.
