Santiago, RD.– El Ministerio Público de Santiago procedió este viernes a destruir 90 máquinas tragamonedas incautadas en distintos operativos realizados junto a la Dirección Central de Inteligencia de la Policía Nacional (Dintel). Los aparatos se encontraban en establecimientos no autorizados para operar, como colmados, colmadones y piscinas.
La acción estuvo encabezada por la procuradora fiscal Merari Guzmán, acompañada por Mario José Almonte, director de asuntos comunitarios de la Fiscalía, y el teniente coronel Vladimir García Santos, subdirector regional de Dintel Cibao Central. Los funcionarios recordaron que, según la ley 96-8, únicamente los casinos autorizados pueden operar este tipo de máquinas.
Las autoridades alertaron sobre la continua circulación ilegal de estos aparatos y advirtieron que se investigará el origen de las máquinas y los responsables de su venta y distribución. La destrucción de estos equipos forma parte de los esfuerzos por garantizar el cumplimiento de la ley y combatir el juego clandestino en la región.
Durante el operativo, las autoridades destacaron que la presencia de estas máquinas en lugares como piscinas o colmados representa un riesgo social, ya que fomentan el juego ilegal y afectan la tranquilidad de las comunidades. Además, subrayaron la importancia de la colaboración ciudadana para identificar y denunciar establecimientos que operen estos aparatos de manera irregular.
La Fiscalía indicó que se continuará con los operativos de incautación y destrucción, buscando frenar la proliferación de tragamonedas ilegales y garantizar que solo los casinos autorizados tengan la licencia correspondiente para operar. Asimismo, anunciaron investigaciones más profundas para determinar la cadena de distribución de estas máquinas y sancionar a los responsables.
Representantes de la sociedad civil y comerciantes locales apoyaron la medida, asegurando que estas acciones contribuyen a mantener el orden y la legalidad en la provincia. También señalaron que este tipo de operativos envía un mensaje claro de que el juego clandestino no será tolerado y que las autoridades están comprometidas en proteger a la población.
