Santo Domingo. – Nuevos detalles sobre presuntas irregularidades en la administración pasada han salido a la luz tras la declaración de Maxi Gerardo Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina. Según Montilla, su cercanía familiar con Medina le permitió conformar una estructura que habría manipulado procesos de compras y contrataciones públicas en el sector eléctrico, sumando un desvío de más de 500 millones de dólares.
El acuerdo con el Ministerio Público revela que Montilla admitió haber alterado especificaciones contractuales, pagado sobornos, lavado dinero de actividades ilícitas y sobrevaluado productos, entre otras irregularidades. Además, la investigación señala que 488 millones de dólares de financiamientos internacionales habrían sido malversados durante la gestión de Rubén Bichara en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), con la participación de varios funcionarios y allegados a Medina.
El expresidente Danilo Medina, por su parte, negó tener relación política, económica o laboral con Montilla, destacando que solo existe un vínculo familiar. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación, y el Ministerio Público prepara el sometimiento de otros responsables, en medio de un creciente escrutinio sobre la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública pasada.
Los expertos en política y transparencia señalan que la revelación de 500 millones de dólares en presuntas irregularidades podría tener un fuerte impacto en la opinión pública, reavivando el debate sobre la corrupción en los gobiernos anteriores. Analistas advierten que este caso no solo afecta la imagen del expresidente Danilo Medina, sino también del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que enfrenta cuestionamientos sobre la gestión de recursos estatales y la supervisión de contratos públicos.
Diversos sectores de la sociedad civil y organizaciones de vigilancia ciudadana han exigido que se agilicen las investigaciones y que se garanticen procesos judiciales transparentes. La percepción de impunidad en casos de alto perfil ha generado desconfianza en las instituciones, y ciudadanos piden que se establezcan mecanismos más estrictos de control sobre las finanzas públicas para evitar que hechos similares se repitan.
Mientras tanto, la opinión pública observa con atención cómo se desarrollarán los próximos pasos del Ministerio Público. La expectativa es que los hallazgos del caso puedan servir como precedente para fortalecer la rendición de cuentas en el país, sancionar a los responsables y recuperar la confianza en la gestión estatal, demostrando que la justicia no distingue entre poderosos y ciudadanos comunes.
