La reciente licitación de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para adquirir 2,894 silbatos por un monto superior a los 5.6 millones de pesos ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la pertinencia del gasto.
El ingeniero César Fernández calificó el proceso como una “aberración”, señalando que el precio de los silbatos en el mercado internacional es muy inferior al planteado en la licitación. Aseguró que, incluso adquiriendo modelos de alta calidad en Estados Unidos, el costo total no sobrepasaría el millón de pesos, lo que representaría un ahorro de más del 500 % para el Estado dominicano.
De su lado, el dirigente del transporte público, William Figuereo, sostuvo que la institución debería enfocar sus recursos en dotar a los agentes de herramientas más útiles y de mayor impacto en la seguridad vial, como chalecos reflectivos, bastones de señalización y equipos de protección personal. “Un silbato no salva vidas, pero un chaleco o una paleta sí”, expresó.
Según los detalles de la licitación, el costo unitario estimado de cada silbato asciende a 1,947 pesos, lo que ha generado aún más suspicacia en sectores sociales y profesionales que ven la compra como un gasto innecesario en un contexto de limitaciones económicas y múltiples necesidades en materia de tránsito.
La polémica continúa en ascenso, con voces que piden revisar y transparentar el proceso de adquisición para garantizar un uso más racional y eficiente de los fondos públicos.
Diversos sectores de la sociedad civil también se han sumado a las críticas, advirtiendo que este tipo de compras pueden minar la confianza ciudadana en las instituciones, al tiempo que refuerzan la percepción de que los fondos públicos no se administran con la transparencia y eficiencia necesarias.
Ante la controversia, se espera que la Digesett emita una explicación sobre los criterios utilizados para fijar los costos en la licitación, mientras organizaciones de veeduría social han anunciado que darán seguimiento al proceso para asegurar que se respete la ley de compras y contrataciones y se eviten posibles irregularidades.
