Santo Domingo, 10 de septiembre de 2025. – El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, defendió este miércoles la legalidad de las compras de emergencia en el sector eléctrico, amparadas en el decreto 517-25, firmado recientemente por el presidente Luis Abinader. Explicó que la normativa faculta al Poder Ejecutivo a declarar la modalidad de excepción cuando existen circunstancias que afectan el desenvolvimiento cotidiano de la población.
Pimentel destacó que las compras de emergencia son un procedimiento competitivo establecido en la ley, con plazos reducidos para atender situaciones urgentes. Subrayó que las empresas eléctricas serán las responsables de ejecutar los procesos de contratación, mientras que su entidad acompañará y supervisará cada etapa para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
El decreto, emitido el pasado 8 de septiembre con vigencia de un año, tiene como propósito aumentar la capacidad de generación, fortalecer el sistema interconectado, reducir pérdidas técnicas y mejorar el suministro eléctrico, en medio de las frecuentes tandas de apagones que afectan al país.
El funcionario explicó que las adquisiciones que se realicen bajo esta modalidad no implican “cheques en blanco”, sino que seguirán siendo objeto de auditorías y controles posteriores, con el fin de proteger los recursos públicos. Señaló que la emergencia busca atender una necesidad inmediata de la ciudadanía, pero sin dejar de lado la transparencia.
En ese sentido, recordó que el sistema eléctrico nacional atraviesa una coyuntura crítica, con déficit en la generación y reclamos constantes de comunidades que sufren largos apagones. Por ello, indicó que las compras de emergencia permitirán la adquisición más ágil de equipos, repuestos y soluciones técnicas que, bajo un proceso ordinario, tardarían meses en completarse.
Asimismo, Pimentel llamó a los proveedores a participar de manera activa y competitiva en los procesos que convoquen las empresas distribuidoras y generadoras, garantizando que haya pluralidad de ofertas y que el Estado obtenga las mejores condiciones en precios, calidad y tiempos de entrega.
