Santo Domingo. — Altagracia Salazar calificó como un “saqueo de lo público” las irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), tras revelarse pagos indebidos, facturación fantasma y favoritismo hacia proveedores privados en detrimento de hospitales públicos. Salazar enumeró las principales irregularidades que, según dijo, afectan directamente a los ciudadanos más vulnerables y al erario nacional. Entre ellas destacó la creación de un call center paralelo, pagos exprés a ciertos proveedores, facturas millonarias por servicios no prestados y la contratación directa de la empresa Farmacar.
La comunicadora enfatizó que entre 2019 y 2024 los pagos del SENASA a hospitales públicos aumentaron un 47%, mientras que los dirigidos a prestadores privados se dispararon un 171%, evidenciando un cambio de modelo que favorece al sector privado sobre el público. “Un fraude en SENASA es un fraude multiplicado varias veces, porque afecta al Estado y a los más pobres”, indicó Salazar, quien calificó la situación de “Operación Hidra” por la multiplicidad de irregularidades detectadas.
El Comité de Compras y Contrataciones del SENASA aprobó la contratación de una firma privada para auditar el periodo 2018-2024, con el objetivo de esclarecer la debacle financiera que supera los 3,000 millones de pesos. Salazar llamó a que todos los responsables rindan cuentas y afirmó que la unidad antifraude debe continuar su labor sin impedimentos, subrayando la necesidad de que “no haya vacas sagradas” en la investigación.
La periodista también criticó la privatización parcial de servicios de atención primaria y denunció que decisiones administrativas permitieron que recursos públicos fueran desviados hacia empresas privadas. Asimismo, recordó la importancia de transparentar los procesos y destacó que la ciudadanía exige rendición de cuentas, especialmente en casos donde la corrupción afecta directamente a los sectores más vulnerables.
Salazar también cuestionó la rapidez con la que se realizaron pagos irregulares y denunció que existió una red de complicidades internas que permitió la ejecución de estos actos sin supervisión efectiva. Señaló que el Ministerio Público deberá determinar la responsabilidad penal de quienes participaron en el esquema y advirtió que la auditoría financiera es apenas un primer paso para esclarecer los hechos y garantizar que no se repitan.
Además, la periodista instó a que se investigue la implementación de contratos y compras dentro del SENASA, asegurando que la falta de transparencia y control administrativo ha facilitado que recursos públicos sean desviados, afectando la atención a los usuarios del régimen subsidiado, los más necesitados del país. Subrayó la necesidad de establecer mecanismos de supervisión más estrictos para proteger los fondos públicos y garantizar la eficiencia del sistema de salud.
