En medio de un intenso debate sobre la gestión del Seguro Nacional de Salud (SENASA), la periodista Nuria Piera denunció contratos millonarios otorgados a prestadores privados dentro del régimen subsidiado, cuestionando el manejo financiero y la transparencia de la institución. Según Piera, uno de estos contratos contempla un pago de 130 pesos por cada afiliado a una empresa privada, cifra superior a la asignada a los dos hospitales públicos más grandes del país, lo que ha generado un fuerte debate sobre la eficiencia y legalidad de estas contrataciones.
Durante su programa sabatino, Nuria aclaró que estas irregularidades aún no estaban siendo investigadas por ningún órgano estatal, resaltando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. La denuncia apunta a que SENASA, que maneja tanto el régimen contributivo como el subsidiado, podría estar favoreciendo a prestadores privados en detrimento del fortalecimiento de los servicios públicos de salud para los usuarios de menores ingresos.
El presidente Luis Abinader había señalado recientemente que SENASA está bajo investigación desde el 2024, intentando dar seguimiento a posibles irregularidades dentro de la institución. Sin embargo, la reacción de Piera evidenció que las preguntas sobre el déficit financiero de la entidad, que oscila entre 5 mil y 21 mil millones de pesos pese a tener más de 7.5 millones de afiliados, siguen abiertas y exigen respuestas claras sobre la eficacia de los contratos otorgados y su impacto real en la atención a los ciudadanos.
Los analistas destacan que la magnitud del déficit financiero de SENASA pone en evidencia la necesidad de una supervisión más estricta y de una revisión de los contratos otorgados a empresas privadas, sobre todo en un esquema donde los recursos del Estado deben priorizar la atención a los afiliados con menores ingresos. La falta de claridad sobre los aportes concretos de estas empresas ha generado cuestionamientos sobre si realmente se está mejorando la calidad de los servicios de salud o simplemente se está desviando dinero público hacia intereses privados.
Por su parte, la opinión pública sigue pendiente de los resultados de las investigaciones iniciadas por el gobierno y del seguimiento que haga SENASA a sus procesos internos. Mientras tanto, la denuncia de Nuria Piera ha intensificado el debate sobre la transparencia en la administración de la salud pública, poniendo en evidencia la tensión entre los intereses privados y el bienestar de los ciudadanos que dependen del sistema subsidiado.
