El destacado abogado, juez y profesor René del Rosario explicó este viernes que el Código Procesal Penal de la República Dominicana faculta al Ministerio Público para alcanzar acuerdos legales como el reciente caso de Maxi Montilla, donde se logró la devolución de aproximadamente 3,000 millones de pesos sin que se iniciara un proceso judicial.
Del Rosario aclaró que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, tales acuerdos son legales, pero resaltó que estos procedimientos generan controversia por la percepción de desigualdad en la justicia, especialmente cuando se comparan con casos de personas de menores recursos, quienes enfrentan condenas severas por delitos de menor cuantía.
El jurista también advirtió sobre el alto componente político que puede influir en la ejecución de la justicia, señalando que ciertos acuerdos se manejan más por conveniencia política que por criterios de equidad legal. “Aquí viene una parte espinosa: los casos de este perfil tienen dos lecturas, una jurídica y otra política, y el peso del poder político a veces decide la solución del proceso”, afirmó.
Además, René del Rosario denunció problemas de incumplimiento de sentencias judiciales por parte de instituciones públicas, citando como ejemplo el caso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que no ejecutó una orden de cierre de una estación de combustible. Según el abogado, este tipo de acciones socavan la seguridad jurídica y pueden generar un precedente peligroso para la institucionalidad del país.
Finalmente, el especialista recalcó que los acuerdos como el de Montilla deben ser validados por tribunales y que cualquier ciudadano puede interponer querella para solicitar el procesamiento de quienes considere que actúan al margen de la ley, aunque advirtió que la naturaleza política de ciertos casos limita la aplicación estricta del derecho.
Caso Montilla
El caso de Maxy Montilla comenzó a trascender públicamente tras investigaciones del Ministerio Público por supuestas irregularidades en la gestión de contratos y negocios relacionados con el sector energético, incluyendo la compra de transformadores y otros insumos.
Montilla enfrentó imputaciones por fraude y otras prácticas que podrían haber afectado los recursos del Estado, situación que derivó en la aplicación de un acuerdo de criterio de oportunidad, mediante el cual cedió bienes a cambio de evitar la persecución penal. Durante el proceso, la víctima del caso firmó el acuerdo ante el juez, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia y los roles de los representantes legales involucrados.
