Santo Domingo, RD. – La Procuradora General de la República, yeni Berenice Ramírez, aclaró recientemente el destino de los bienes incautados por las autoridades durante procesos judiciales, un tema que históricamente ha generado confusión y preocupación en la ciudadanía. Según explicó, el dinero proveniente de estos casos se deposita en la Cuenta Única del Tesoro, mientras que los bienes muebles e inmuebles se trasladan al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (INCABIE), donde permanecen bajo custodia hasta que los procesos legales se concluyan de manera definitiva. Posteriormente, los activos se venden en subasta pública, garantizando transparencia y aprovechamiento del valor de los mismos.
Ramírez enfatizó que la ciudadanía debe mantenerse vigilante para fortalecer una cultura de cero impunidad, destacando la importancia de separar claramente los bienes incautados de los decomisados. Mientras un bien sigue en proceso judicial, su propietario original conserva derechos sobre el mismo; solo tras una sentencia irrevocable el Estado puede disponer de él legalmente. Además, los bienes incautados pueden ser utilizados temporalmente por el Ministerio Público para fines de investigación o tareas institucionales, asegurando su mantenimiento y evitando deterioro antes de la resolución final.
La Procuradora recordó casos anteriores donde el mal manejo de bienes incautados generó pérdidas millonarias para el Estado y afectó a terceros involucrados en procesos judiciales. Vehículos, inmuebles y fincas que permanecieron años sin cuidado sufrieron daños irreparables, reduciendo significativamente su valor al momento de subastarse. Por ello, el INCABIE tiene ahora la responsabilidad de custodiar y administrar estos bienes bajo un reglamento claro, evitando irregularidades y garantizando que los activos se mantengan en condiciones óptimas.
Expertos legales señalan que este proceso también busca generar confianza en la ciudadanía, mostrando que los recursos del Estado son manejados con responsabilidad y transparencia. La correcta administración de bienes incautados no solo protege los derechos de los involucrados, sino que también asegura que los activos generen beneficios reales para el país una vez concluidos los procesos judiciales.
Finalmente, la Procuradora hizo un llamado a la población para que participe activamente en la supervisión de estos procesos y denuncie cualquier irregularidad, reiterando que la colaboración ciudadana es clave para combatir la corrupción y garantizar que los bienes decomisados cumplan su propósito: fortalecer el Estado y sus instituciones.
