Susana Gautreau lanzó fuertes críticas contra el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al asegurar que este utilizó sus declaraciones para desviar la atención del verdadero problema: las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional.
Gautreau afirmó que el foco de atención no debió centrarse en lo dicho por un periodista ni en lo que hacían o dejaban de hacer los detenidos, sino en el procedimiento irregular que mantuvo a un ciudadano privado de libertad por más de 36 horas, sin derecho a una llamada y sin ser traducido al Ministerio Público. “La versión de la Policía no justificaba el apresamiento ni el tiempo en custodia. Eso es ilegal”, sentenció.
Denunció que lo ocurrido es un patrón común y sistemático de la Policía, que detiene ciudadanos sin motivo claro, violentando sus derechos fundamentales. En ese contexto, cuestionó el silencio del Ministerio Público, cuya función es garantizar la legalidad del proceso desde el primer momento de la detención.
“Pacheco solo buscó desquitarse con la Primera Dama, pero aquí nadie ha preguntado dónde está el fiscal del destacamento. Y eso es lo más grave: se violó la ley, no se respetó el debido proceso, y se intentó disfrazar el abuso con chismes”, expresó con firmeza.
Gautreau concluyó su intervención advirtiendo que hoy es un caso mediático, pero mañana puede ser cualquiera. “La defensa de los derechos no puede depender del morbo ni del prejuicio”, dijo.
fundamentos sobre la supuesta conducta del detenido, calificando ese proceder como “de vieja chismosa”, que solo buscaba alimentar el morbo público. “No se puede condenar a nadie por insinuaciones. Si había una infracción, la Policía tenía que decirlo desde el principio, no lanzar indirectas para justificar un abuso”, manifestó.
En ese mismo orden, advirtió sobre el peligro de normalizar este tipo de atropellos y pidió a la ciudadanía dejar de lado los prejuicios personales al momento de analizar casos de derechos humanos. “Aquí el problema no es lo que usted cree que pasó. El problema es que se violó la ley y se actuó al margen del debido proceso. Y eso, en un Estado de derecho, es inadmisible”, concluyó.
