El Senado de la República aprobó anoche el nuevo Código Penal, modernizando una legislación que llevaba más de 140 años sin cambios sustanciales y adaptándola a las exigencias actuales de la sociedad dominicana en materia judicial. A pesar de la disidencia de algunos senadores, incluido el proponente Antonio Taveras Guzmán, la mayoría respaldó el proyecto convertido ya en ley.

Durante el debate, varios legisladores reconocieron que la ley no es perfecta, pero la calificaron como un marco legal efectivo para combatir delitos que antes quedaban impunes, incluyendo abusos sexuales, feminicidios y sicariato, con penas severas de hasta 30 años de prisión.

También se destacó que el código es “duro para el crimen, la corrupción y las organizaciones delictivas”, y será una herramienta clave para el Ministerio Público y el Poder Judicial. Algunos artículos, como el que castiga con hasta 20 años la relación sexual no consentida dentro de la pareja, generaron críticas por su posible ambigüedad y severidad, lo que será revisado durante el año de vacatio legis que tendrá la nueva norma para posibles ajustes.

La pieza legislativa será enviada al Poder Ejecutivo para su observación y posterior promulgación. Los legisladores mostraron disposición a modificar los artículos que requieran clarificación, asegurando que el nuevo Código Penal marca un avance histórico para la justicia dominicana.

Los senadores también hicieron énfasis en la incorporación de nuevos delitos, como el bullying y el acoso escolar, que ahora serán sancionados con mayor rigor. Además, resaltaron la importancia de regular adecuadamente las relaciones sentimentales no consentidas, tema que generó debate y será objeto de revisión para evitar malinterpretaciones que afecten la convivencia en pareja.

Finalmente, los legisladores manifestaron su compromiso de seguir trabajando en la mejora del Código Penal durante el período de vacatio legis, para que esta ley pueda ajustarse y perfeccionarse conforme a las necesidades reales del país. Con esta aprobación, la República Dominicana da un paso significativo hacia un sistema judicial más justo y eficaz.