Santo Domingo – El comunicador Ángel Martínez apeló las medidas de coerción impuestas por dos tribunales del Distrito Nacional tras ser acusado de difamación e injuria por la ministra Faride Raful y la exviceministra Milagros De Camps.
Según informó su abogado, Carlos Mesa, no pagarán las garantías económicas dictadas RD$500 mil en un caso y RD$3 millones en otro porque confían en que la Corte de Apelación revocará ambas decisiones. Además, las medidas contemplan impedimento de salida del país y presentación periódica ante la justicia.
Martínez enfrenta también otros procesos legales por difamación, estafa y extorsión. Entre los querellantes se encuentran Sandra Eugenia de la Rosa, quien lo acusa de apropiación de US$300,000 haciéndose pasar por agente federal, así como el diputado Sergio “Gory” Moya y el empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez, quienes lo demandan por acusaciones sin pruebas difundidas en su canal digital.
Los casos se investigan bajo la Ley 53-07 contra la Violencia de Género y el Código Penal dominicano.
Estas apelaciones surgen en un contexto de creciente tensión entre el comunicador y varias figuras públicas, quienes han cuestionado la veracidad y el impacto de sus publicaciones en redes sociales y medios digitales. Ángel Martínez, conocido por su estilo polémico, ha mantenido una postura desafiante frente a las acusaciones, reiterando que sus denuncias buscan exponer casos de corrupción y abuso de poder.
El abogado Carlos Mesa enfatizó que el equipo legal está preparado para enfrentar todos los procesos y que confían en que la justicia actuará conforme a derecho, garantizando un debido proceso. “No hay fundamentos para estas fianzas excesivas ni para las medidas restrictivas impuestas a nuestro cliente, por lo que esperamos que la Corte de Apelación las revoque prontamente”, afirmó.
Mientras tanto, las investigaciones continúan abiertas y se espera que las próximas audiencias definan el rumbo de estos casos que han generado gran atención pública. Los sectores involucrados llaman a respetar el proceso judicial y evitar especulaciones que puedan afectar la imagen de las partes implicadas.
