Barcelona. – El rey emérito Juan Carlos I ha saldado los préstamos que un grupo de empresarios le concedió para hacer frente a sus regularizaciones fiscales con Hacienda. Según una información publicada por El Mundo, el ex jefe del Estado ha devuelto más de cuatro millones de euros, gracias a los ingresos que ha generado desde su residencia en Emiratos Árabes Unidos, donde se trasladó hace cinco años.
Fuentes cercanas al emérito aseguraron que parte de estos ingresos provienen de la venta de derechos para documentales sobre su vida, así como de su participación como intermediario en operaciones comerciales. Estas actividades económicas, al realizarse fuera de España, quedan fuera del alcance de la Agencia Tributaria.
En febrero de 2021, Juan Carlos I ya había realizado una regularización voluntaria de 4.395.901,96 euros, incluyendo intereses, por los viajes privados valorados en unos ocho millones de euros, financiados a través de la fundación offshore Zagatka, gestionada por su primo Álvaro de Orleans. Meses antes, también pagó 680.000 euros por regalos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, considerados un incremento patrimonial no justificado.
Ante estos compromisos fiscales, sus asesores jurídicos le recomendaron recurrir a préstamos firmados con empresarios de confianza, los cuales debían ser devueltos para evitar sospechas de préstamos ficticios y posibles sanciones adicionales. Según asegura su entorno, al haber saldado la totalidad de esos préstamos, desaparece el riesgo de nuevas investigaciones fiscales.
No es la primera vez que la gestión económica del emérito genera controversia. En el marco del caso Nóos, la Fiscalía investigó un regalo de 1,2 millones de euros que hizo a su hija, la infanta Cristina, para la compra de un palacete en Pedralbes. Aunque el caso fue considerado constitutivo de delito fiscal, fue archivado por prescripción.
El rey Juan Carlos se acogió al artículo 305.4 del Código Penal español, que permite regularizar la situación tributaria si se reconoce y paga completamente la deuda. Sin embargo, esta regularización fue polémica, ya que se llevó a cabo mientras existían diligencias de investigación abiertas en su contra, de las cuales sus abogados se negaron a recibir notificación formal.
En 2022 se supo que Hacienda también lo investigó por regalos de cacerías y otros obsequios entre 2014 y 2018, periodo posterior a su abdicación. La situación se resolvió con una sanción administrativa inferior a los 500,000 euros. Posteriormente, el rey emérito optó por fijar su residencia fiscal fuera de España, en parte para evitar una vigilancia fiscal más estricta.