La reciente indignación ciudadana gira en torno a un cuestionamiento clave: “¿Por qué, si doy una voz de alarma sobre un abuso a un niño, debo enviar un video para que intervengan las autoridades?” La denuncia surge tras un caso estremecedor en el que vecinos habrían alertado sobre maltrato infantil, pero la institución a la que acudieron no respondió de inmediato por falta de “evidencia visual”.
Especialistas en salud mental y juristas advierten que este tipo de prácticas burocráticas ponen en riesgo la vida de menores vulnerables. Señalan que, al igual que la violencia de género, el abuso contra niños debe ser tratado como un tema de orden público, donde una simple denuncia activa protocolos de protección sin necesidad de exigir pruebas adicionales. “La denuncia de un ciudadano debería bastar para que se investigue”, puntualizó una experta en derecho de familia.
El caso también abre el debate sobre la forma en que la sociedad reacciona frente al maltrato infantil y sobre la necesidad de fortalecer la educación comunitaria en torno a la protección de la niñez. Para muchos, pedir un video es minimizar la gravedad del problema y desincentivar a quienes desean denunciar. La exigencia, aseguran, no solo retrasa la intervención, sino que puede convertirse en una sentencia fatal para niños que sufren en silencio.
Ante esta situación, organizaciones de protección infantil han reiterado que el país carece de un protocolo claro y unificado para atender denuncias de maltrato. Advierten que la falta de coordinación entre las instituciones responsables crea vacíos que terminan dejando a los niños desprotegidos, pese a que la ley establece la obligación del Estado de garantizar su seguridad.
La polémica también revive el reclamo de fortalecer los mecanismos de respuesta inmediata. Diversos sectores entienden que exigir pruebas a los denunciantes es revictimizante y peligroso, pues muchas veces los testigos no pueden grabar por miedo a represalias. “La voz de alarma debe ser suficiente para activar la acción institucional”, subrayaron expertos, llamando a una revisión urgente de los protocolos actuales.
