Una adaptación del Himno Nacional Dominicano con letras modificadas a un poema de ideología lésbica ha generado gran indignación en el país. La escritora Josely Castillo, autora de esta versión, pidió disculpas alegando desconocer que la ley prohibía alterar la letra oficial del himno, dado que reside en Estados Unidos.
El hecho ha provocado la reacción de diversas organizaciones y abogados, que han solicitado sanciones contra Castillo. Instituciones como el Instituto Duarteano y Juventud por una Misión presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, exigiendo que se aplique la Ley 210-19, que castiga con prisión y multas a quienes modifiquen o ultrajen símbolos patrios como el himno nacional.
La polémica continúa abierta, reflejando un debate sobre el respeto a los símbolos nacionales y la libertad de expresión en la sociedad dominicana.
La Ley 210-19 establece que quienes modifiquen o ultrajen el Himno Nacional pueden enfrentar penas de prisión de entre 15 y 30 días, además de multas que van desde uno hasta cinco salarios mínimos del sector público. Esta normativa busca proteger los símbolos patrios como elementos esenciales de la identidad y el orgullo nacional.
Por su parte, Josely Castillo ha insistido en que su intención no fue faltar al respeto, sino expresar su visión artística y personal. Sin embargo, su versión del himno ha sido catalogada por muchos como una agresión a un símbolo que une a todos los dominicanos, lo que ha avivado el debate sobre los límites entre la creatividad y el respeto a la tradición.
Mientras tanto, en redes sociales la discusión se ha intensificado, con opiniones divididas entre quienes defienden la libertad de expresión y quienes consideran inaceptable cualquier alteración al himno. La Procuraduría General evalúa la denuncia presentada y decidirá si procede con acciones legales contra la escritora.
En medio de la controversia, líderes comunitarios y figuras públicas han hecho un llamado a la reconciliación y al respeto mutuo, subrayando la importancia de mantener la unidad nacional sin menoscabar los derechos individuales, mientras el país espera una resolución oficial sobre el caso.
