Washington, EE.UU. — La administración del expresidente Donald Trump ha iniciado una investigación formal contra cinco universidades estadounidenses por supuestamente conceder becas a estudiantes indocumentados, en una acción que ha desatado preocupación entre comunidades migrantes y defensores de los derechos civiles.
Las instituciones investigadas incluyen la Universidad de Miami, la Universidad de Louisville, la Universidad de Nebraska en Omaha y dos universidades en Michigan. El Departamento de Educación sostiene que estas universidades podrían estar violando el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación basada en el origen nacional en programas que reciben ayuda federal.
“Estas becas son muy competitivas y nosotros luchamos por ellas. No es justo lo que están haciendo”, declaró April, una estudiante sin estatus legal que prefirió ocultar su rostro por miedo a represalias. Según cuenta, obtener una beca le permitió continuar sus estudios universitarios y aliviar a sus padres del peso económico de la matrícula. “Solo queremos contribuir a este país, no causar daño”, expresó.
El Departamento de Educación afirmó en un comunicado que la finalidad de la investigación es proteger a los ciudadanos y residentes legales de posibles actos discriminatorios. Sin embargo, abogados y organizaciones proinmigrantes alegan que muchas de las becas otorgadas provienen de fondos privados o estatales, no federales, y por tanto no estarían sujetas a las restricciones que la administración Trump pretende aplicar.
“La mayoría de estos programas están financiados por donaciones privadas o fondos locales, no por dinero federal”, explicó un asesor legal cercano al caso. “Si esta investigación llega a los tribunales, probablemente no prospere”.
Hasta ahora, la Universidad de Michigan ha confirmado que recibió la notificación, pero declinó hacer comentarios. Otras universidades no han respondido oficialmente. Aunque la investigación se enfoca en becas otorgadas a estudiantes indocumentados, también se revisarán posibles beneficios a otras minorías, incluyendo estudiantes latinos, afroamericanos, LGBTQ+ y otros grupos históricamente marginados.
“Este país es nuestro hogar y solo queremos construir un mejor futuro en él”, concluyó April.
