Aunque fue recientemente promulgado por el presidente Luis Abinader, el nuevo Código Penal de la República Dominicana no entrará en vigor hasta dentro de un año, según lo establece la propia normativa legal. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, explicó que durante este período de transición conocido como vacatio legis se busca preparar a jueces, fiscales, abogados y ciudadanía en general para una implementación efectiva del nuevo marco jurídico.

De los Santos también aseguró que este plazo permite introducir mejoras a la legislación, atendiendo a los cuestionamientos de distintos sectores. Entre las vías planteadas está la creación de una ley revisora especial o la modificación de artículos de forma independiente, incluso la corrección de errores de transcripción que puedan haberse colado en el texto final.

La nueva legislación ha sido criticada por colectivos feministas debido a la exclusión explícita de las tres causales para la despenalización del aborto. No obstante, legisladores defienden que el artículo 111 permite intervenciones médicas cuando la vida de la madre o el feto está en peligro, lo que consideran una forma implícita de incluir al menos dos de las causales. El Código también introduce figuras como el cúmulo de penas, tipifica nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato, la estafa piramidal y la difusión de deepfakes, y eleva la pena máxima a 40 años de prisión.

Con esta nueva legislación, el país deja atrás un Código Penal que data de 1844, considerado obsoleto ante los retos del crimen moderno. La inclusión de delitos como la violencia económica y el uso de sustancias químicas para agredir, así como la penalización del acoso digital y la difusión de contenidos manipulados con fines de extorsión, marcan un avance en la adecuación del sistema legal a los tiempos actuales.

A pesar de su promulgación, el Código podría enfrentar impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. Diversas organizaciones sociales han advertido que acudirán a esta instancia al considerar que el texto vulnera derechos fundamentales, especialmente los de las mujeres. Mientras tanto, el gobierno y el Congreso reiteran que el nuevo marco legal representa un paso crucial hacia una justicia más moderna, efectiva y acorde con la realidad dominicana.