Buenos Aires.– El presidente argentino, Javier Milei, desató una ola de críticas tras negarse a eliminar un mensaje en la red social X en el que atacó a Ian Moshe, un niño autista de 12 años que denunció recortes en la atención a menores con discapacidad.

La familia del menor inició una acción legal para que el mandatario borre la publicación, argumentando que se trató de un ataque injustificado contra un niño en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, Milei defendió su postura y afirmó que Ian “debe aceptar críticas públicas”, pese a la evidente diferencia de edad, condición y poder entre ambos.

Organizaciones de derechos humanos, especialistas en infancia y figuras políticas condenaron el accionar del presidente, señalando que sus declaraciones constituyen un acto de hostigamiento hacia un menor y un uso indebido de su posición de poder. El caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la crítica política y el respeto a los derechos de los niños en Argentina.

Diversos colectivos que trabajan con personas con discapacidad emitieron comunicados exigiendo una disculpa pública del presidente y la eliminación inmediata del mensaje. Argumentaron que el episodio no solo afecta emocionalmente al menor, sino que también envía un mensaje peligroso de tolerancia hacia el acoso desde las más altas esferas del poder.

En redes sociales, la etiqueta #ConLosChicosNo se convirtió en tendencia, acumulando miles de mensajes de rechazo y expresiones de solidaridad hacia Ian Moshe. Muchos usuarios señalaron que, en lugar de desacreditarlo, el mandatario debería abrir un espacio de diálogo para escuchar las demandas sobre la atención a personas con discapacidad.

Mientras avanza la acción judicial interpuesta por la familia, abogados especialistas en derechos del niño recordaron que Argentina es signataria de tratados internacionales que obligan al Estado a proteger a los menores de ataques y discursos que puedan afectar su integridad. El caso podría convertirse en un precedente legal sobre los límites del discurso presidencial frente a menores de edad.