Bogotá – El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay ha desatado un intenso cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado líder político Álvaro Gómez Hurtado y director del partido Salvación Nacional. Gómez Martínez respondió con dureza a las afirmaciones del mandatario sobre la intención de demandar a quienes lo vinculen con el crimen.
Durante la ceremonia de ascenso de generales de la Policía Nacional, Petro anunció que presentará acciones legales “contra todos aquellos, sin importar su estatus político o social, que insinúen calumnias sobre su responsabilidad en la muerte de Uribe Turbay”. El presidente sostuvo que su defensa no busca venganza, sino proteger la democracia ante acusaciones sin pruebas.
En respuesta, Gómez Martínez cuestionó públicamente a Petro: “¿Calumnia? ¿A qué se refería con ‘guerra a muerte’? ¿Qué buscaba con los trinos contra Miguel Uribe? ¿Cómo explica las omisiones de la UNP en su protección?” Además, señaló presuntas fallas de las entidades de seguridad, incluyendo la UNP y la Casa Militar, en garantizar la seguridad del congresista.
El crimen de Uribe Turbay, ejecutado por un joven de 16 años, ha reabierto el debate sobre la protección de figuras públicas en Colombia y la actuación del Estado frente a amenazas a políticos. La Fiscalía General de la Nación investiga los responsables materiales e intelectuales, mientras que el ministerio de Defensa anunció acciones para esclarecer la responsabilidad en el esquema de custodia policial asignado al parlamentario.
La polémica ha generado reacciones en distintos sectores políticos y ciudadanos, algunos condenando la vinculación del presidente con el asesinato, mientras otros critican la instrumentalización política del crimen. Entre tanto, la familia de Miguel Uribe Turbay ha exigido respuestas claras sobre las fallas en su protección y garantías de justicia.
Analistas consultados advierten que este episodio podría marcar un punto crítico en la recta final del gobierno de Petro, pues no solo cuestiona la eficacia de sus políticas de seguridad, sino que también abre un debate sobre el uso político de tragedias y el respeto a la institucionalidad en Colombia.
