Washington D. C. – En un nuevo giro a su política migratoria, la administración del expresidente Donald Trump ha decidido reactivar un controversial programa que impone una fianza obligatoria de entre 5,000 y 15,000 dólares a ciertos turistas y viajeros de negocios. Esta medida afectará a ciudadanos de países con altas tasas de permanencia indebida en EE. UU. y con procesos de documentación considerados inseguros o deficientes.
El programa, que será implementado como un plan piloto de un año a partir del 20 de agosto, fue anunciado mediante un aviso en el Registro Federal. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la finalidad es cubrir potenciales costos de deportación si los visitantes exceden el tiempo autorizado por sus visas. Aquellos que cumplan con las condiciones de su estadía recibirán el reembolso completo al salir del país, naturalizarse o en caso de fallecimiento.
Una versión previa de esta iniciativa fue introducida en 2020, durante los últimos meses del primer mandato de Trump, pero no llegó a aplicarse completamente debido a la pandemia. La versión actual mantiene un enfoque en países con registros de sobreestadía superiores al 10%, muchos de ellos ubicados en África, y excluye a los países del Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program).
El plan también otorga a funcionarios consulares la potestad de eximir el depósito en casos particulares. A esta política se suma la futura “tarifa de integridad” de 250 dólares, prevista para 2026, que se aplicará a la mayoría de las visas no migrantes, aumentando significativamente el costo total del proceso migratorio para millones de solicitantes.
Mientras sectores conservadores aplauden la medida por su supuesto efecto disuasorio, organizaciones pro derechos migratorios han alertado sobre el impacto que puede tener esta política en familias, estudiantes y viajeros legítimos con recursos limitados, considerándola una barrera más dentro de una agenda restrictiva disfrazada de control administrativo.
