Washington, D.C. – Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) allanaron este jueves la residencia del exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, ubicada en Bethesda, Maryland, como parte de una investigación de seguridad nacional.
De acuerdo con fuentes federales, la redada estaría vinculada a la presunta retención de documentos clasificados que aún estarían en poder de Bolton, quien formó parte de la administración Trump entre 2018 y 2019. Aunque no se han confirmado cargos formales, el operativo ha generado gran expectativa en la capital estadounidense.
El director del FBI, Cazzu Patel, se pronunció en su cuenta oficial de X, asegurando que “nadie está por encima de la ley”, en un mensaje interpretado como referencia directa a este procedimiento. Agregó que los agentes actúan bajo estricta misión de resguardar la seguridad nacional.
Bolton, considerado en su momento uno de los hombres más cercanos al expresidente Trump, se convirtió posteriormente en una de sus voces más críticas. En 2020 publicó el libro The Room Where It Happened, en el que reveló episodios internos de la Casa Blanca y cuestionó duramente al exmandatario.
Hasta el momento, John Bolton no ha sido detenido ni se encuentra bajo custodia, pero la operación refleja la creciente presión sobre exfuncionarios de la administración Trump investigados por el manejo de información sensible.
La noticia sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas el Departamento de Justicia y el propio Bolton ofrezcan declaraciones oficiales sobre el caso.
Fuentes cercanas al caso indicaron que el FBI revisa exhaustivamente la residencia de Bolton en busca de documentos y materiales que podrían tener implicaciones legales, incluyendo posibles violaciones a leyes de manejo de información clasificada. El procedimiento se realiza de manera discreta, pero con un despliegue visible de agentes federales en los alrededores de la propiedad.
Analistas en seguridad y política consideran que este allanamiento marca un precedente en la vigilancia sobre exfuncionarios de alto rango, subrayando que la administración estadounidense busca reforzar los protocolos de protección de información sensible. El caso ha generado un intenso debate mediático sobre los límites de la privacidad y la rendición de cuentas de quienes han ocupado posiciones estratégicas en el gobierno.
