La Dirección General de Migración (DGM) informó este lunes sobre la detención de Rosemila Petit-Frére, exalcaldesa de la comuna Arcahaie en Haití y reconocida empresaria dueña de la emisora Télé Monopole, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata en un vuelo procedente de Canadá.
La exfuncionaria fue retenida para ser interrogada debido a denuncias internacionales que la vinculan con supuestos actos ilícitos en su país de origen.
Según la DGM, la detención responde a informes de inteligencia que indicaban que Petit-Frére ingresaría al país con una alta suma de dinero. Aunque no se encontró efectivo durante la inspección, se hallaron cheques por diversos montos. Actualmente, la exalcaldesa está siendo escoltada a Santo Domingo para continuar con las investigaciones y coordinar su posible entrega a las autoridades haitianas.
Las autoridades reiteraron que se respetan sus derechos y su integridad física, actuando siempre dentro del marco de la Ley 285-04 para fortalecer el control migratorio y mantener el orden público.
Contrabando de droga
La República Dominicana continúa enfrentando serios desafíos relacionados con el contrabando de drogas, dado su papel estratégico como punto de tránsito en rutas del narcotráfico internacional. Las autoridades han intensificado los operativos en puertos, costas y zonas fronterizas, en un esfuerzo por impedir que sustancias ilícitas entren o salgan del país hacia destinos en Norteamérica y Europa. Este tipo de actividades delictivas suele estar vinculado a redes organizadas que operan con recursos logísticos sofisticados y contactos locales.
A pesar de los constantes decomisos y arrestos, el contrabando de drogas sigue siendo una amenaza persistente para la seguridad y estabilidad de la nación. Las autoridades dominicanas han reforzado su cooperación con organismos internacionales para mejorar los mecanismos de detección e inteligencia. No obstante, expertos coinciden en que el combate efectivo contra este flagelo también requiere fortalecer los sistemas judiciales, aumentar la vigilancia tecnológica y abordar los factores sociales que alimentan la participación local en estas redes.
