La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), Laura Peña Izquierdo, reiteró este miércoles la posición firme del sector empresarial respecto a la inclusión del tema de las indemnizaciones por despido también conocidas como cesantía en la reforma al Código de Trabajo, cuya discusión será retomada en el Congreso a partir del 16 de agosto.
Peña Izquierdo aclaró que el empresariado no busca eliminar este derecho, sino modificarlo para establecer un tope que reduzca los altos costos laborales actuales. “Nosotros lo que hemos propuesto es modificar el artículo 86 y ponerle un tope de seis meses. Eso nos ayudaría mucho a reducir los costos en el sector empresarial”, expresó.
La dirigente empresarial expresó su confianza en que durante la nueva legislatura se pueda avanzar en una reforma integral que también revise otros aspectos del Código de Trabajo que, según explicó, aún no han sido parte del consenso alcanzado en el diálogo tripartito entre gobierno, empresarios y trabajadores.
El tema de la cesantía ha generado un amplio debate en los últimos años, con posiciones encontradas entre empleadores y sindicatos. Mientras los empresarios argumentan que la medida actual desalienta la contratación y afecta la competitividad, los trabajadores defienden la indemnización como una conquista laboral que protege frente al despido injustificado.
Además, Laura Peña Izquierdo señaló que la actual estructura de indemnización por despido se ha convertido en una carga que limita la capacidad del sector privado para generar nuevos empleos formales. Según afirmó, muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades para cumplir con los pagos de cesantía, lo que las obliga a operar con mayor cautela o mantenerse en la informalidad.
En ese sentido, la Confederación Patronal plantea que establecer un límite razonable para las indemnizaciones permitiría dinamizar el mercado laboral, facilitar nuevas contrataciones y mejorar la competitividad del país. La propuesta de tope de seis meses de salario busca equilibrar los derechos de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas.
Sin embargo, representantes de organizaciones sindicales ya han manifestado su rechazo a cualquier intento de reducir la cesantía, argumentando que esto debilitaría la estabilidad laboral y dejaría al trabajador desprotegido ante despidos arbitrarios. El tema, sin duda, será uno de los puntos más álgidos en la próxima legislatura, cuando se retomen las discusiones sobre la reforma del Código del Trabajo.
