El comunicador Delvis Santos calificó como “inaceptable” el artículo 310 del nuevo Código Penal, el cual penaliza los comentarios denigrantes contra funcionarios públicos incluso en espacios privados. Durante su intervención en el programa que comparte con Julio Ernesto Martínez, Santos fue enfático: “Hay que modificarlo, sacarlo de golpe y porrazo. Que viva la libertad”.
El artículo en cuestión establece sanciones que van desde los 15 días hasta un año de prisión para quienes emitan juicios ofensivos o amenazas contra funcionarios, aun si estos se producen en la intimidad del hogar. Para Santos, esta disposición contradice los principios de libertad de expresión que deben regir en una democracia.
“Si se presume que un funcionario ha incurrido en acciones que atentan contra el erario público, decirlo no puede ser delito. El delito es tocar el dinero del pueblo, no denunciarlo”, afirmó tajantemente el comunicador.
Santos sostuvo que el nuevo Código Penal, a pesar de ser una herramienta jurídica robusta, no es infalible ni sagrado: “Ninguna ley es perfecta. Hay artículos que son errores evidentes, y este es uno de ellos. No se puede blindar al poder con una mordaza legal”.
El comentarista también aprovechó para lanzar duras críticas a la gestión de los programas sociales bajo el actual gobierno, señalando que se ha generado un “desorden planificado” con fines políticos. Cuestionó la entrega de bonos fuera de los canales institucionales y denunció que hasta cédulas de figuras públicas como Leonel Fernández y Danilo Medina habrían sido utilizadas para activar ayudas sociales de forma irregular.
“Eso no es un error; muchas veces son acciones premeditadas. Activar bonos con esas cédulas y luego canjearlos es parte de un enriquecimiento ilícito. ¿Y entonces el delito es decirlo?”, cuestionó Santos.
Reiteró que bajo una gestión que se define como democrática, no debe existir espacio para leyes que busquen intimidar a los ciudadanos o los medios de comunicación: “La democracia no perecerá mientras haya voces dispuestas a denunciar lo que se presume es corrupción. Si robó o se presume que robó, no solo es ladrón: es ladronazo, aunque lo diga el Código o la Constitución”.
El artículo 310 ha sido uno de los puntos más polémicos del recién promulgado Código Penal, generando rechazo entre amplios sectores de la sociedad civil, juristas, periodistas y defensores de derechos humanos, que lo ven como una amenaza directa a la libertad de expresión y al derecho ciudadano de cuestionar al poder.
