El gobierno de Estados Unidos incautó bienes del presidente venezolano Nicolás Maduro, incluyendo dos aviones multimillonarios, varias mansiones en República Dominicana y Florida, una granja de caballos, nueve vehículos de lujo, millones de dólares en joyas y efectivo. La operación, catalogada como parte de un esquema de crimen organizado, fue confirmada por la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi.
La periodista Consuelo Despradel destacó que la medida forma parte de una investigación más amplia que busca frenar las actividades financieras ilegales del entorno de Maduro. Según los informes, a pesar de las incautaciones millonarias, la red vinculada al mandatario venezolano sigue operando.
El caso se suma a recientes movimientos internacionales en materia de seguridad y política, mientras EE. UU. refuerza su estrategia contra el lavado de dinero y los activos ilícitos de regímenes con sanciones activas.
Expertos consultados señalan que estas medidas no solo buscan afectar directamente los recursos de Maduro, sino también enviar un mensaje claro sobre la vigilancia de activos de líderes sancionados en el exterior. La incautación incluye propiedades y bienes que estaban bajo nombres de familiares y testaferros del mandatario venezolano.
Autoridades estadounidenses señalaron que las investigaciones continuarán y que podrían anunciarse nuevas acciones en las próximas semanas, dado que se sigue el rastro de multimillonarios movimientos financieros vinculados al régimen venezolano.
En República Dominicana, la noticia generó preocupación entre sectores financieros y legales, al confirmarse que parte de los bienes incautados estaban localizados en el país. La operación refuerza la colaboración internacional entre EE. UU., países de la región y organismos internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción de alto nivel.
Analistas advierten que esta incautación podría generar tensiones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, pero al mismo tiempo fortalece la presión internacional sobre el régimen de Maduro. La acción también pone de relieve la capacidad de EE. UU. para rastrear y congelar activos de líderes sancionados, enviando un mensaje contundente sobre la rendición de cuentas en el ámbito financiero global.