El precio de la libra de pollo en el Distrito Nacional ha generado preocupación entre consumidores y comerciantes, situándose entre 80 y 100 pesos, aunque algunos reportan haber pagado más de 90 pesos. La variación del costo ha abierto un debate entre políticos y autoridades sobre la regulación de alimentos básicos.

Comerciantes señalan que los aumentos se deben a los costos de producción y entrega, mientras que muchos consideran que el precio debería mantenerse más bajo, dado que se trata de un producto producido localmente. La percepción de escasez también ha influido en la subida de los precios en algunas zonas.

Proconsumidor ha recomendado a los ciudadanos comparar precios en diferentes puntos de venta para asegurar compras justas, mientras el debate sobre el acceso a alimentos y la eficiencia del mercado se mantiene vigente.

En este contexto, los consumidores manifiestan su descontento ante la subida constante del precio del pollo, considerado uno de los productos más consumidos en el país, y demandan soluciones que equilibren la oferta, la producción local y los costos finales.

Algunos economistas advierten que la falta de una política clara de regulación en los productos de la canasta básica podría agravar la situación, ya que los precios del pollo tienden a tener un efecto dominó en otros alimentos de alto consumo. Además, señalan que la inflación acumulada en los últimos meses ha impactado directamente en el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables.

Por su parte, dirigentes del sector avícola aseguran que la producción nacional es suficiente para cubrir la demanda interna, pero que los costos de los insumos importados, como el maíz y la soya para la alimentación de las aves, han encarecido el proceso. También indican que el transporte y la cadena de distribución representan un factor determinante en el aumento de precios.

Ante esta realidad, organizaciones sociales y comunitarias han comenzado a exigir mayor intervención del Gobierno para garantizar precios más justos y estables. Proponen la implementación de subsidios temporales o acuerdos directos con productores que permitan abaratar el costo del pollo y así aliviar el impacto económico en las familias dominicanas.