El exfuncionario federal Tom Homan confirmó que Chicago será sede de un despliegue masivo de tropas y personal de seguridad, siguiendo la línea de acción que el presidente Trump implementó previamente en Washington D.C. Según reportes, la estación naval Great Lakes albergará a 250 agentes, 140 vehículos y equipo militar, incluyendo balas de goma y gas pimienta.
El gobierno federal asegura que la misión busca combatir la criminalidad y “limpiar” la ciudad, aunque autoridades locales y del estado de Illinois advierten que la delincuencia ha disminuido significativamente en los últimos meses, y que no se requiere presencia militar adicional. El gobernador y líderes de Chicago califican la medida como innecesaria y política, y cuestionan que priorice el despliegue militar sobre servicios como salud médica y mental.
La medida ha generado polémica, especialmente en barrios hispanos y comunidades de color, donde residentes consideran que la presencia de tropas armadas tiene un efecto intimidatorio más que preventivo. Algunos sectores interpretan el movimiento como una estrategia de control migratorio, más que como un esfuerzo anticrimen efectivo.
El New York Times reporta que este despliegue podría ser un ensayo para futuras intervenciones en otras ciudades del país, replicando la estrategia de Washington D.C., donde las estadísticas policiales muestran una reducción significativa de crímenes violentos, aunque la percepción ciudadana ha sido mixta.
Expertos en seguridad señalan que, aunque el despliegue militar puede tener un efecto disuasorio temporal, no sustituye el trabajo constante de la policía local ni las políticas sociales que abordan las causas profundas del crimen. Además, advierten que la militarización de áreas urbanas podría generar tensiones con la comunidad y afectar la confianza ciudadana en las autoridades.
Por su parte, líderes comunitarios y organizaciones civiles han solicitado transparencia sobre los objetivos y duración de la operación, exigiendo que se priorice la protección de los derechos civiles y la seguridad de todos los residentes, especialmente en barrios vulnerables, para evitar incidentes que puedan escalar la tensión social.
