Las principales Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) alertaron sobre una crisis financiera creciente debido al actual modelo de capitalización del Seguro Familiar de Salud, el cual, aseguran, ha generado pérdidas técnicas superiores a los 2,000 millones de pesos al cierre de julio de 2025. Según el sector, las pérdidas netas ya sobrepasan los 1,000 millones, lo que califican como una situación “crítica y progresivamente insostenible”.
De acuerdo con las ARS, el esquema vigente de pago por cápita asigna la misma tarifa a todas las aseguradoras, sin considerar factores como la edad o el perfil de riesgo de los afiliados. Esta uniformidad, sostienen, perjudica especialmente a las ARS que atienden poblaciones envejecidas o con mayores necesidades médicas, comprometiendo la estabilidad del sistema.
Un informe técnico de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales confirma que el modelo de cápita única ha deteriorado de forma sostenida las finanzas del sector. Las aseguradoras reiteraron su llamado a una reforma urgente que permita ajustar las tarifas en función del riesgo, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y calidad de la cobertura de salud en el país.
Las autoridades del sector salud privado advierten que, de no corregirse este modelo, las ARS podrían enfrentar serias limitaciones para cubrir tratamientos de alto costo, enfermedades crónicas y servicios especializados. Esto, alertan, impactaría directamente en la calidad de la atención a los afiliados y aumentaría las listas de espera para procedimientos médicos.
Representantes de las ARS señalaron que la problemática no solo afecta a las aseguradoras, sino que amenaza con generar un efecto en cadena sobre clínicas, médicos y proveedores de insumos, quienes dependen de pagos puntuales para mantener su operatividad. “Si el sistema colapsa financieramente, toda la red de servicios de salud se verá comprometida”, advirtieron.
En este contexto, el gremio de las ARS reiteró su disposición a participar en mesas de trabajo con las autoridades gubernamentales y la Superintendencia de Salud para diseñar un modelo de pago más equitativo y sostenible. La meta, indicaron, es garantizar que los recursos del sistema se utilicen de forma eficiente y que la población pueda seguir recibiendo atención médica oportuna y de calidad.
