La escasez y el elevado precio del pollo mantienen en estado de desesperación a amas de casa y comerciantes, quienes aseguran que esta situación afecta gravemente su alimentación y su economía diaria. La libra de esta carne blanca, una de las más consumidas en los hogares dominicanos, se vende actualmente entre 80 y 90 pesos, e incluso supera los 100 en algunos sectores.

Consumidores afirman que han tenido que reducir las porciones o sustituir el pollo por otras alternativas, como vegetales o productos menos nutritivos. “Una libra para cinco gente no da, y hasta los cocotes y las patas están a 60 pesos la libra”, expresó una ciudadana visiblemente indignada. Otro comprador añadió: “Una pechuga cuesta casi 200 pesos en el supermercado. ¿Quién puede con eso?”.

Mientras tanto, los vendedores también manifestaron su impotencia ante la falta de explicaciones por el alza. “El pollo nos está llegando a casi 70 pesos la libra y tenemos que venderlo entre 85 y 90. Si sube el costo, hay que subir el precio”, declaró un comerciante. Ante la situación, amas de casa y vendedores hicieron un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y regulen el precio de este alimento esencial.

La situación ha provocado una disminución significativa en las ventas de las polleras y mercados populares, donde los comerciantes aseguran que muchos clientes simplemente se marchan al ver los precios. “Hay días que uno no vende ni la mitad de lo que vendía antes. La gente llega, pregunta, y se va con las manos vacías”, explicó un vendedor del Mercado Nuevo.

Algunos ciudadanos han denunciado también la especulación en los precios y acusan a intermediarios de aprovecharse de la situación para aumentar sus márgenes de ganancia. “Aquí no hay control, cada quien pone el precio que quiere. Y los pobres somos los que pagamos las consecuencias”, señaló una señora que, con frustración, mostraba una pequeña bolsa con apenas media libra de pollo.

Frente a este panorama, consumidores y comerciantes exigieron al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y al Ministerio de Agricultura intervenir de inmediato para garantizar el abastecimiento y evitar abusos. Además, pidieron que se investigue la cadena de distribución del pollo para detectar dónde se están generando los aumentos injustificados.