Virginia Antares critica al Senado por mantener criminalización en el Código Penal sobre interrupción del embarazo

Santo Domingo. – La comentarista y activista Virginia Antares expresó este miércoles un fuerte rechazo a la postura del Senado dominicano en torno al nuevo Código Penal, que, según denunció, mantiene la criminalización de las mujeres que se ven en la necesidad de interrumpir un embarazo, sin incluir causales que flexibilicen esta situación.

Antares recordó que la legislación vigente sobre el aborto en República Dominicana es una herencia directa del Código Napoleónico de los años 1800, que impone penas de cárcel tanto a las mujeres como al personal médico involucrado en estas interrupciones, lo cual ha sido motivo de reclamos y debates desde finales de los 90 y principios de los 2000.

“En el país, grupos de defensa de los derechos de las mujeres han pedido desde hace más de dos décadas flexibilizar esta penalización, como ocurre en la mayoría de países, porque no se trata solo de un tema legal, sino de salud y derechos humanos,” afirmó Antares.

La comunicadora criticó que, pese a los años de discusión y a la realidad dolorosa de muchas mujeres, el Congreso continúe posponiendo cambios sustanciales en el Código Penal. Subrayó que esta ley afecta a miles de mujeres, incluyendo casos de violación, riesgos para la vida de la madre o embarazos inviable, y citó ejemplos concretos donde la falta de acceso a la interrupción segura ha costado vidas, como el de Winnifer Núñez, Adilca Félix y otras víctimas.

“Es una irresponsabilidad mayúscula mantener esta criminalización, porque además penaliza a mujeres que sufren pérdidas involuntarias de embarazos y obliga a muchas a vivir una tortura innecesaria,” denunció Antares, quien convocó a la población a participar en la protesta que se realizará frente al Congreso para exigir la inclusión de causales humanitarias en la legislación.

Finalmente, Virginia Antares hizo un llamado a la solidaridad y al acompañamiento entre mujeres que atraviesan estas situaciones, reafirmando la lucha por una legislación justa que garantice el derecho a la salud y a la vida digna.