Virgilio Feliz valoró de forma positiva la recién promulgada Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, al considerarla un paso firme hacia la modernización, transparencia y eficiencia en los procesos de compras del Estado. Durante su intervención en el programa El Sol de la Mañana, Feliz resaltó que esta legislación deroga la antigua Ley 340-06 y constituye un avance significativo en materia de gobernanza, sostenibilidad y digitalización del aparato público.
Feliz indicó que la nueva ley fortalece la transparencia activa al exigir que las instituciones públicas publiquen todas las fases del proceso de compras planificación, ejecución y cierre de manera proactiva. También celebró la creación del Sistema Nacional de Monitoreo Ciudadano, que permitirá a la sociedad civil auditar en tiempo real los procesos del Estado, así como un régimen sancionador más riguroso con multas de hasta mil salarios mínimos y hasta diez años de inhabilitación para proveedores que incumplan la normativa.
Entre los aspectos más innovadores, destacó la creación del Servicio Nacional de Compras Públicas, que profesionaliza el sistema mediante una carrera técnica especializada. Asimismo, subrayó que la ley reserva cuotas para mipymes, mujeres, sectores vulnerables y promueve la economía circular, integrando un enfoque de impacto social en las compras públicas.
No obstante, Feliz también expresó su preocupación por la falta de un marco legal que combata directamente la excesiva burocracia en los procesos de contratación. Señaló que, aunque la ley promueve transparencia y control, también es esencial garantizar agilidad, especialmente en casos de emergencia nacional o adquisición de medicamentos de alto costo.
Finalmente, felicitó al presidente Luis Abinader y a la Dirección General de Contrataciones Públicas, encabezada por Carlos Pimentel, por impulsar esta reforma clave. A su juicio, la Ley 47-25 representa un legado institucional que fortalece la democracia y el desarrollo económico del país.
Feliz concluyó su intervención reiterando que esta nueva legislación no solo representa un avance técnico, sino también un compromiso ético del gobierno con el buen uso de los recursos públicos. Señaló que, con la implementación efectiva de la Ley 47-25, el Estado dominicano da un paso firme hacia una cultura institucional más responsable, abierta y alineada con los estándares internacionales de contratación pública.
