Washington, EE.UU. — La vida de unos 80,000 hondureños y nicaragüenses que han residido legalmente en Estados Unidos durante décadas está a punto de cambiar drásticamente tras el anuncio del fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), que expirará en apenas 60 días.

Muchos de estos migrantes han construido su vida en suelo estadounidense, con familias, empleos estables y arraigo comunitario. Sin embargo, con la cancelación del programa, enfrentan la difícil decisión de ajustar su estatus migratorio o enfrentar la posibilidad de deportación. “Tendré que irme para mi país”, confesó con resignación Gaspar Soler, de 74 años, quien ha vivido en EE.UU. por más de dos décadas.

El gobierno estadounidense advirtió que, tras la fecha límite, quienes permanezcan sin estatus migratorio regular estarán expuestos a redadas, detenciones y procesos de deportación. Muchos temen volver a países donde la violencia, la pobreza o la falta de oportunidades siguen siendo una amenaza.

Organizaciones defensoras de derechos migratorios han calificado la medida como “inhumana” y exigen al Congreso una solución permanente para los beneficiarios del TPS, que les permita continuar sus vidas sin temor a ser expulsados del país.

La incertidumbre crece entre quienes no califican para otro tipo de estatus legal y que ahora se ven obligados a considerar opciones drásticas, como el auto-repatriarse para evitar ser detenidos. Mientras tanto, activistas continúan presionando por una prórroga o legislación que brinde protección duradera a estas miles de familias.