Un tribunal federal bloqueó una de las disposiciones más polémicas de la ley fiscal impulsada por la administración Trump, que buscaba restringir el acceso a fondos de Medicaid a clínicas que ofrecen servicios de aborto, como Planned Parenthood.
La jueza encargada del caso argumentó que la medida podría causar “consecuencias adversas” a los pacientes, especialmente a aquellos con recursos limitados que dependen de estos centros para servicios médicos esenciales, incluyendo anticonceptivos y chequeos rutinarios. La disposición suspendía por un año los pagos de Medicaid a proveedores que hubieran recibido más de 800 mil dólares en 2023, afectando directamente al mayor proveedor de servicios de aborto del país. Esta decisión representa un importante revés legal para la administración Trump en su cruzada contra el aborto.
La demanda fue presentada por defensores de la salud reproductiva que alertaron sobre el impacto desproporcionado de la medida en comunidades vulnerables. Alegaron que la suspensión de fondos no solo atacaba el derecho al aborto, sino que comprometía el acceso a servicios médicos preventivos y de planificación familiar. La jueza coincidió en que limitar los reembolsos de Medicaid crearía una barrera insostenible para millones de mujeres y familias.
Planned Parenthood, que atiende a más de 2.5 millones de personas al año, celebró la decisión como una victoria para los derechos de salud reproductiva. “Este fallo reafirma que ningún gobierno puede anteponer su ideología política al bienestar de nuestros pacientes”, expresó la organización en un comunicado oficial. Agregaron que continuarán luchando contra cualquier intento de desfinanciamiento.
Desde la administración Trump, en cambio, expresaron su desacuerdo con el fallo y adelantaron que evaluarán apelar la decisión. Alegan que los fondos públicos no deben destinarse a instituciones que practican abortos, aunque legalmente estos servicios no pueden ser cubiertos por Medicaid, salvo en circunstancias extremas. El conflicto podría escalar hasta la Corte Suprema si el gobierno insiste en aplicar la medida.
